30 octubre 2026
El regulador del juego de Buenos Aires ha propuesto nuevas normas integrales para controlar el juego online, incluyendo limitar los bonos de bienvenida al 15% de las ganancias netas y exigir verificación biométrica de identidad en tiempo real. Esta medida sigue a la advertencia del presidente del organismo, Gonzalo Atanasof, en octubre, señalando que la mayor parte del juego online en la provincia ocurre en sitios ilegales sin supervisión.
El intento de reformar profundamente las normas locales coincide con el enfoque de las autoridades argentinas en el descontrolado auge de las apuestas online. Atanasof informó a los legisladores que alrededor del 80% del juego online en la Provincia de Buenos Aires se realiza en sitios ilegales, fuera del alcance del regulador. Estos sitios fraudulentos evaden controles de edad, permitiendo que menores jueguen, advirtió Atanasof.
El proyecto de ley propuesto en Buenos Aires revolucionaría la captación de clientes tal como la conocen los operadores. Según las normas, cada cuenta sería personal, intransferible y completamente verificable. Se requeriría reconocimiento biométrico facial al abrir la cuenta, en cada inicio de sesión, depósito, retiro — de hecho, para cualquier apuesta que supere un umbral que determinará el regulador. Para jugadores frecuentes, el sistema cerraría automáticamente su sesión después de 60 minutos, reanudándose tras una hora de enfriamiento. Un tercer inicio de sesión en un día activaría una prohibición de 24 horas, sin excepciones.
La ley también otorgaría al Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia la autoridad exclusiva para aprobar publicidad y promociones. Cualquier oferta relacionada con el juego dirigida a menores sería prohibida totalmente, junto con anuncios en espacios públicos como paradas de autobús, con excepciones limitadas para campañas educativas o de prevención en salud.
Con un ajustado margen de 139 a 36, un proyecto de ley sobre apuestas y juego también ha sido aprobado en la Cámara de Diputados de Argentina. La ley persigue los mismos objetivos que la iniciativa de Buenos Aires: prohibición de bonos, controles biométricos obligatorios y cierres parciales de cuentas tras 60 minutos.
Pero con 64 artículos distribuidos en siete títulos, la propuesta de Buenos Aires es mucho más intrusiva. Modificaría o reemplazaría dos leyes principales, incluyendo una de 1996 que legalizó el juego online en la provincia. Buenos Aires aún depende principalmente del juego físico, con unos 2,000 casinos y casas de apuestas deportivas con licencia oficial.
Mientras el proyecto espera consideración legislativa, operadores de juego en Buenos Aires ya advierten sobre una migración a otras provincias, donde aún se permiten límites moderados para bonos. "Estamos hablando de un tope del 15% sobre ganancias netas, sumado a un lenguaje restrictivo que limita todas las herramientas estándar de captación", dijo una fuente. "¿El 15% de entrada y el resto en turbulencia? Tendrías que estar loco para montar un negocio aquí".
Es un riesgo que los reguladores parecen dispuestos a asumir. Datos publicados por la Comisión de Juego de Nevada muestran que estados con límites estrictos a los bonos —como el tope de $500 en Nevada— registran algunos de los niveles más bajos de juego problemático en EE.UU., manteniendo ingresos fiscales saludables.
Algunas normas de Buenos Aires ya monitorean gastos y marketing dirigido a clientes. Un llamado de 2019 de la entidad reguladora provincial aprobó selectivamente a tres operadores, limitando créditos y bonos a clientes al 15% de las ganancias netas. En la práctica, significa que un operador con ganancias netas anuales de $100 millones podría destinar hasta $15 millones a bonos y beneficios, €9 millones en créditos a clientes, $9 millones en bonos de recarga, etc. Cualquier excedente debería ser devuelto al gobierno. El regulador aún no ha publicado un análisis completo sobre el éxito relativo de esta medida.
Mientras los reguladores de Buenos Aires se preparan para un impulso firme, el destino del proyecto sigue siendo abiertamente político. Su principal impulsora, Micaela Olivetto, proviene del partido conservador Juntos por el Cambio, que tiene mayoría en la cámara bonaerense. La ley no aplicaría a la Ciudad de Buenos Aires, un referente político que podría estar considerando un futuro más soberano para su industria del juego.
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